Bajo el lema «La libertad de expresión en el mundo», el Instituto Cervantes acogió el pasado 9 de febrero el acto de presentación pública de PEN España, nuevo centro integrado en la red internacional PEN, organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, la literatura y los derechos humanos.
El encuentro fue conducido por el presidente de PEN España, Enrique Yeves y, tras las palabras de bienvenida de la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero, intervino la directora ejecutiva de PEN Internacional, Romana Cacchioli, quien disertó sobre la situación de la libertad de expresión en el mundo y sobre el papel del escritor como conciencia crítica frente al auge de los regímenes autoritarios y las nuevas formas de censura, planteando la necesidad de abolir la llamada «Ley mordaza» en la legislación española. Intervinieron, además de Enrique Yeves, los también escritores y periodistas Martín Caparrós, Olga Rodríguez y Antonio Rubio. El acto fue clausurado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien destacó el valor del PEN como “garantía democrática” y como agente activo frente a la censura. Para conocer en detalle el desarrollo del acto y el discurso de Romana Cacchioli, el lector puede acceder a la web de PEN España.
En representación de la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores (ACE), entidad colaboradora en la presentación, su presidente Manuel Rico intervino para recordar la trayectoria histórica del PEN en España, la estrecha relación entre ambas entidades y la necesidad de fortalecer las alianzas entre organizaciones culturales y profesionales ante las amenazas actuales a la libertad de expresión y a los derechos de autoras y autores.
A continuación, reproducimos íntegramente su intervención:
Queridas amigas y queridos amigos:
Es para mí un honor y un orgullo, en mi condición de escritor y de presidente de la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores, colaborar activamente en ese acto de presentación pública o puesta de largo del centro PEN España. Hace algo más de un año, en el otoño de 2024, a petición de Enrique Yeves y de Gabriel Seisdedos, tuvimos una reunión, que se plasmó en un acto del PEN Internacional, celebrado también en esta sede del Insitituto Cervantes, en el que se anunciaba el comienzo de un sendero que debería conducir a la legalización de un nuevo PEN en lengua española, con sede en Madrid.
Ese proceso ha conducido al acto de hoy. ACE, entidad que este 2026 cumple 50 años puesto que nació en el último de la dictadura, ha tenido muy claro, desde que en 2016 se pusieron en contacto con nosotros la entonces presidenta, Jennifer Clement, y su director ejecutivo, Carles Torner, que nuestro país debía de contar con un centro PEN apellidado España, que habría de sumarse a los ya existentes catalán, vasco, gallego, hoy en una situación compleja, y el recién nacido asturiano, como una organización que, desde sus orígenes, ha venido defendiendo, en el ámbito internacional, la libertad de expresión, a los escritores y periodistas perseguidos y encarcelados, y sus derechos frente a toda vulneración de estos por parte de las instituciones, gobiernos u otras instancias, privadas o públicas.
Además de los nombres de Ortega, o Unamuno, o Pérez de Ayala o Azorín, parte del PEN en los remotos años 20 del pasado siglo, en tiempos posteriores, ya iniciada nuestra transición, ACE ha tenido el honor de contar, en las filas del PEN, con escritores como José Manuel Caballero Bonald, Ángel González, Félix Grande o José Antonio Gabriel y Galán, entre otros, que combinaron su compromiso en ambas organizaciones entendiendo que existe una amplia zona de intersección en el trabajo de una y de otra.
Eso es lo que me interesa resaltar de manera muy especial por el momento histórico que estamos viviendo. Es evidente que los vientos no corren en favor de la libertad de expresión. Que estamos viendo cómo se prohíben libros en un país que antaño fuera adalid de la libertad de expresión y de creación como Estados Unidos, cómo hay fuerzas políticas, incluso gobiernos que aplican diversos métodos de censura, y cómo se vulnera ese principio y, en general, los derechos de los escritores y de los periodistas, mediante despidos, compra de medios de comunicación u otras fórmulas coactivas contrarias a los valores democráticos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en multitud de normas nacionales y supranacionales.
En España hemos vivido, sobre todo a partir de 2024, actos de censura que han limitado la libertad de expresión. Desde algunas instituciones locales, responsables adscritos a formaciones ultraconservadoras, han prohibido representaciones teatrales, censurado obras literarias, suprimido nombres de centros culturales o bibliotecas por razones ideológicas, o excluido de sus estanterías revistas editadas en las lenguas minoritarias de España. Esa ha sido una de las formas, yo diría que tradicional, en la que la libertad de expresión ha sido puesta en peligro.
Pero vivimos en los últimos años otras formas de amenaza a esa libertad “sagrada” y a los derechos de autor: la presión sobre periodistas o escritores a través de algunas redes sociales, la utilización del algoritmo para generar actitudes colectivas contrarias a los principios básicos de la democracia y prácticas nocivas con cualquier forma de libertad como la amenaza, el insulto, la mentira o el bulo, o la mitificación, con mensajes falsos, de la dictadura franquista.
Es imprescindible destacar, además, los negativos efectos que en el llamado ciberespacio está generando la actuación de las grandes plataformas tecnológicas, cuya acción se sustenta, en lo esencial, en el logro de beneficios económicos. ACE, junto con otras entidades autorales y con el respaldo del Consejo Europeo de Escritores, ya se pronunció en 2019 por el reconocimiento de los derechos de autor remunerados y por su gestión colectiva en la Directiva Europea de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital. Y ACE, junto a la Conferencia de Asociaciones de Escritoras y Escritores, viene alertando desde los días de pandemia, de las consecuencias que para la propiedad intelectual y los derechos de autor, está teniendo y puede tener aún más en el futuro, la llamada Inteligencia Artificial Generativa mediante el expolio para su entrenamiento, de nuestras obras, sin autorización, sin remuneración y sin transparencia. Esa es también una forma de atentar contra la libertad de expresión. La regulación trasnacional y en cada país de la actuación de las citadas plataformas, de las redes sociales, es básica frente a una ley de la selva que cercena las libertades y condiciona la creación literaria y la información periodística veraz y objetiva. El logro por las entidades autorales y por las entidades de gestión de un acuerdo con el gobierno debería ser una prioridad inesquivable.
Creo que en ese abanico de demandas y exigencias se encuentra la zona de intersección, de coincidencia y de colaboración, de PEN España y de las asociaciones de escritores, ACE en concreto, y de estas con las organizaciones profesionales de periodistas.
En ese empeño nos encontraremos siempre.
Vayan mis mejores deseos y los de la Junta Directiva de ACE para el viaje que vais a iniciar. En nosotros tendréis una entidad colaboradora y cómplice.
Muchas gracias.
Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores (ACE), durante su intervención en la presentación de PEN España.